"Este es un acto que jamás debió haberse llevado a cabo.
Que un conjunto de argentinos hayamos tenido que autoconvocarnos ante estos tribunales para enrostrarle a los jueces el haber adoptado el prevaricato como metodología para hacer justicia, es un grave síntoma de la decadencia moral en la que se encuentra nuestra sociedad.
Más de treinta años han trancurrido y de golpe nos encontramos con un gobierno que alberga en seno a muchos terroristas que decidieron volver al pasado con el único propósito de retomar las armas -otras, diferentes, más sutiles y cobardes- para vengarse de quienes otrora los vencieran. Con gran cinismo no sólo intentan minimizar los actos asesinos que nos damnificaron, sino que, más tarde, y a cara descubierta, de la mano del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, responsable de la amnistía que en 1973 lanzara a la calle a cientos de terroristas para que retomaran las armas contra la sociedad argentina, cursaron instrucciones a los fiscales para que no se nos permitiera reabrir las causas penales que se iniciaron cuando nuestros padres, hermanos, hijos o amigos fueron asesinados, intentando desesperadamente proteger la impunidad con que desde, aquella época, los terroristas sobrevivientes se han movido.
Hoy, algunos jueces quieren emparejar las cosas, posibilitando que se juzgue también a quienes cometieron los graves delitos contra la humanidad, pero tienen las manos atadas, no sólo por la paralización de la parte fiscal, sino porque quien se atreve a tratar de cumplir, como corresponde, su rol de juez de la Nación recibe de inmediato desfachatadas amenazas por parte de allegados al gobierno, como son los casos de los terroristas Diana Conti y Carlos Kunkel, que desde el Consejo de la Magistratura conducen a su antojo al Poder Judicial, manipulando a sus integrantes.
Mientras esto sucede, otro sector de la judicatura -tal vez el más importante por su número y responsabilidades- se empeña en quedar bien con el poder, persiguiendo supuestos represores a los que encarcela con pruebas amañadamente armadas, cerrando las puertas a nuestros pedidos de Justicia con argumentos cada vez más groseros.
Es por ello que vemos, con una mezcla de desagrado, preocupación y pena, la velocidad y diligencia con que actúan estos jueces cada vez que está implicada una persona que no tiene quien la respalde (llámese uniformado, presidente de mesa o ladrón de gallinas) y la lentitud y adormecimiento que los caracteriza cuando los implicados en delitos son integrantes de la corporación política. Es así que estancan y cajonean -o ni siquiera las instruyen- causas como:
Ø El caso Skanska
Ø Los vínculos de funcionarios y jueces con el narcotráfico
Ø Las narcovalijas voladoras de Anibal Fernández y Ricardo Jaime
Ø La atropellada dolosa de Daniel Varizat
Ø La desaparición de Jorge Julio López
Ø Las valijas de Claudio Uberti
Ø La adulteración de medicamentos de financistas de campañas
Ø Los muertos por el uso de esos medicamentos
Ø Los desaparecidos fondos de Santa Cruz
Ø Los desaparecidos títulos profesionales
Ø La muerte de Juan Castro Ø El vaciamiento de Aerolíneas Argentinas
Ø El origen de los fondos de los gastos de campaña del FPV
Ø La estafa de los índices del INDEK Ø El nepotismo de la Secretaria de Medio Ambiente, Romina Picoloti
Ø El uso de fondos y recursos del estado en beneficio propio
Ø El asalto a la Comisaría 24 de La Boca
Ø Las irregulares ventas de armas a Croacia, Ecuador y EEUU
Ø El estrago doloso de Río Tercero
Ø El desmesurado crecimiento inmobiliario presidencial Ø La venta de terrenos en El Calafate y Caleta Olivia
Ø El despilfarro de los subsidios de Ricardo Jaime en amigos del poder.
Ø La dilapidación de los fondos fiduciarios
Ø La bolsa de Felisa Miceli
Ø El dispendio en la pauta oficial
Ø El tren bala
Ø El caso Greco
Ø Las facturas falsas
Ø La desaparición de mujeres víctimas de las redes de prostitución.
Ø El asesinato del policía de Santa Cruz Jorge Sayago
Ø Los superpoderes
Ø El festival de bonos y Aportes del Tesoro Nacional
Ø El crecimiento inentendible de la deuda externa
Ø La muerte del empresario Vittorio Gotti
Ø El descontrol de los entes reguladores.
Ø Los negociados bolivarianos
Ø Los desaparecidos fondos para la incorporación de la Pcia. de Santa Cruz al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica
Ø Los sobreprecios de la obra pública de De Vido
Ø El juego de Cristóbal López
Ø El veloz crecimiento empresario de Victorio Gualtieri, Sergio Tasselli, Eskenazi, Aldo Ducler, Lázaro Báez, Olaf "Pilo" Aaset y Rudy Ulloa Igor
Ø El saqueo de las AFJP y del ANSESS
Ø Las deudas de Scioli y su mujer Ø Los mineros muertos en las minas de carbón de Río Turbio en poder de los amigos del poder (Sergio Taselli)
Ø Los ahorristas estafados
Ø El delito organizado internacional y desorganizado nacional
Ø El saqueo del Banco de la Provincia de Buenos Aires
Ø El silenciado caso del asesinato de Roberto "Cacho" Espinoza de CONARPESA
Ø El secuestro de Hernán Ianonne
Ø La corrupción comprobada de la Oficina Anticorrupción.
Podríamos seguir toda la mañana y tal vez la tarde, o varios días, hablando de los repugnantes hechos de corrupción que involucran a integrantes del poder político, respecto de los cuales, jueces y fiscales, no encuentran motivo, no digo para actuar de oficio, ni siquiera para instruir aquellas causas sobre las que obran denuncias concretas.
Vemos como jueces y fiscales invocan graves violaciones a los derechos humanos de los terroristas para acusar a quienes los combatieron, sin que sientan el menor pudor a la hora violar todos los derechos humanos de éstos.
Pero qué podemos decir de los derechos humanos en nuestro país si siempre estuvieron en manos de terroristas o de personas afines al terrorismo.Para dar crédito a lo que digo, sólo hay que observar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en manos de dos de los cofundadores de la organización terrorista Movimiento Todos por la Patria la misma que asaltó los Cuarteles de La Tablada en 1989-?Me refiero a Eduardo Luis Duhalde y a Rodolfo Matarollo. De qué derechos humanos podemos hablar cuando es el propio gobierno nacional el que no duda un instante en homenajear a activos terroristas, siendo tal vez el más inaceptable, el llevado a cabo por la presidente de la Nación en el parque de la memoria hemipléjica cuando rindió tributo, entre otros, a los asesinos del Teniente General Aramburu; a Marcos Osatinsky, asesino del guardiacárcel del Penal de Rawson, Juan Gregorio Valenzuela; a los comandantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga; a quienes volaron la Superintendencia de Seguridad Federal, dejando un saldo de 22 muertos y 66 heridos y mutilados; al responsable del atentado terrorista contra la Secretaría de Planeamiento -con un saldo de 15 muertos y 16 heridos- o... a los carceleros del pueblo y asesinos del Coronel Larrabure.
También es necesario destacar que, no sólo la presidente es la que homenajea a estos asesinos.
También lo hace la sociedad argentina en su conjunto al no existir de su parte un público rechazo a tamaña ignominia.Su silencio ante los reclamos de las víctimas de los más de 20.000 atentados perpetrados por la locura terrorista, constituye un claro ejemplo de una hipocresía, que no sólo repugna, sino que también indigna.
Este gobierno nos satura con su slogan de memoria, verdad y justicia.
¿De qué justicia habla cuando concientemente se aceptan testigos mentirosos y testimonios falsos o cuando los jueces de cámara Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah confirman el sobreseimiento, por prescripción del delito, de los terroristas que atacaron con explosivos a la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, confirmando una sentencia anterior de la jueza María Romilda Servini de Cubría, en la que niegan que los atentados atribuidos a la organización Montoneros fueran delitos de lesa humanidad?
Uno de los sobreseídos fue nada menos que Horacio Verbitsky, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que, actuando como querellante en varias causas por las que sufren detención un sinnúmero de miembros de las FFAA, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias, -supervisa, desde dentro de los penales- el cumplimiento de sus condenas o privaciones de la libertad, todo ello con plena autorización o tolerancia de los jueces.
¿De qué justicia habla cuando la misma jueza Servini de Cubría, sin argumento jurídico alguno, impide la asunción de Luis Abelardo Patti como Diputado Nacional y no encuentra causa para procesar a dirigentes terroristas por actuales hechos de violencia o a los responsables del Frente para la Victoria por las groseras irregularidades en el financiamiento de sus campañas políticas, pero, para satisfacer la rapacidad de filoterroristas disfrazadas de defensoras de DDHH, sí halla causa para violar los DDHH de supuestos hijos de desaparecidos (Evelyn Vázquez y Roberto Julián Gutiérrez)?
¿De qué justicia habla cuando se rechazan las demandas de quienes perdieron a seres queridos, asesinados por las balas o las bombas con que las organizaciones terroristas atacaban a la ciudadanía toda o cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado, luego del conocido suicidio del Prefecto Febres, sin prueba alguna, dispuso la privación de libertad de su esposa e hijos, quienes fueron enviados a cárceles comunes, debiendo sufrir innumerables vejaciones personales y mediáticas? ¿De qué justicia habla cuando el juez Federal Subrogante de Rawson, Hugo Sastre o el fiscal federal de La Plata, Sergio Franco, obedeciendo órdenes del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo L. Duhalde, sin sustento jurídico alguno, inician la persecución judicial de funcionarios de gobiernos militares, a quienes diligentemente envían a cárceles comunes?
¿De qué justicia habla cuando los jueces del Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata, Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo, en el curso del juicio al Padre Von Wernich, admitieron testimonios a todas luces falsos, llegando incluso a condenarlo por un homicidio por el que el propio Fiscal no se atrevió a acusarlo, por falta de pruebas?
¿De qué justicia habla cuando reconocidos terroristas internacionales encuentran protección judicial ante pedidos de extradición de los gobiernos de sus países de origen o cuando es el propio poder político el que imparte órdenes o presiona a los jueces o directamente contraviene sus disposiciones, contando con la impúdica tolerancia oportunista o cobarde de éstos o cuando, para satisfacer los deseos de odios y revanchas de una minoría rencorosa y resentida, se tergiversa deliberadamente la letra del Derecho, en una clara actitud rayana con el delito de PREVARICATO, cuya impunidad sólo puede ser entendida en una sociedad enferma?
Como por ahora -y sólo por ahora- pareciera que no tenemos protección alguna por cuanto, así como el Poder Legislativo resignó sus responsabilidades convirtiéndose en la escribanía del Ejecutivo, el Poder Judicial ha hecho lo propio, constituyéndose en su aparato jurídico, dejándonos en absoluta indefensión, es necesario que conozcamos a los jueces y fiscales que, protegidos por un gobierno faccioso y arbitrario, no sólo se burlan de nuestro dolor y pisotean la Constitución Nacional y la tradición judicial que primó por años en nuestra Argentina, sino que también, entre otras atrocidades, han incluido la pena de muerte, como accesoria encubierta del proceso o la condena, al no tomar los mínimos recaudos para la atención de graves enfermedades de los presos políticos.
Ya son 41 los muertos en cautiverio como consecuencia de esta repugnante metodología utilizada al amparo de la protección gubernamental de que gozan.
Debemos conocerlos para que en el futuro, cuando vuelva al país la real vigencia de las Instituciones, con una verdadera república y, por ende, un real estado de derecho, reciban el escarmiento que todo el peso de la ley les pueda dar.
Mientras tanto, que la sociedad continúe disfrutando de los beneficios de la libertad ganada a costa de la sangre y el sacrificio de cientos de argentinos."
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